El Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de algunas de sus secciones procedió a proteger el derecho fundamental al Debido Proceso de decenas de propietarios de vehículos de carga, que se vieron afectados por las medidas inconsultas y arbitrarias del Ministerio de Transporte consistentes en suspender la explotación comercial de dichos rodantes mediante el bloqueo directo de la generación de Manifiestos de Carga y la publicación de listados públicos en la página web del RUNT. Actuaciones estas sin ningún sustento legal o constitucional ni mucho menos normativo, ya que el Decreto 153 de 2017 nunca da ese tipo de alcances al Ministro de Transporte.
Estas decisiones como juez constitucional proferidas por el Tribunal son un espaldarazo al Estado Social de Derecho y ratifican una vez más que ninguna autoridad pública está exenta del control judicial de sus actuaciones. La arbitrariedad administrativa podrá ser flor de un día pero definitivamente no es la regla de resignación a la que tienen que adecuarse los ciudadanos que han obrado legítimamente y de buena fe.
Si bien la Demanda de Nulidad por Inconstitucionalidad impetrada por verdaderos representantes del sector transportador contra el Decreto 153 de 2017 ya está en curso ante el Consejo de Estado, no sobra advertir que todos y cada uno de los transportadores que han sufrido perjuicios por la actuación arbitraria del Ministerio de Transporte podrían ejercer no solo la defensa de sus derechos, sino también el resarcimiento de las pérdidas que les han causado. Existen vehículos que llevan más de 45 días de imposibilidad de explotación comercial causando gravísimos daños a la economía de sus propietarios, los cuales tienen todo el derecho a pretender la indemnización de esos perjuicios que se fundamentaron en el desconocimiento absoluto al Derecho Fundamental al Debido Proceso y a la Seguridad Jurídica. Ya la jurisdicción les ha dado la razón.
Como siempre, los funcionarios que ahora materializan pomposamente su voluntad y anuncian drasticidad en sus decisiones, son los mismos que el día de mañana la misma justicia tendrá que perseguir para que respondan con sus propios bienes los daños que han causado al Estado por las cuantiosas indemnizaciones que éste habrá tenido que pagar.