La cuerda se rompe por la parte más delgada
Mediante la expedición de los Decretos 1514 de 2016 y 153 de 2017 y la Resolución 332 de 2017, el Ministerio de Transporte estableció la política de saneamiento para vehículos de servicio público de carga que presentaron algún tipo de inconsistencias en su matrícula durante los años 2005 a 2015.
Es del caso entrar a analizar que dicha política de saneamiento parte de una premisa clara: la mala fe de los propietarios. Sean pequeños, medianos, grandes o generadores de carga, la solución del Ministerio de Transporte es una sola: la responsabilidad en las inconsistencias debe ser asumida exclusivamente por los propietarios, así sean terceros adquirentes de buena fe. De esta manera se quiere salvaguardar las verdaderas responsabilidades de los organismos de tránsito y del mismo Ministerio de Transporte en ese proceso.
En efecto, al pretender que un propietario actual tenga que salir a pagar una suma de dinero escandalosa para subsanar el procedimiento de matrícula, o que tenga que conseguir un cupo a precios de mercado altísimos para cruzarlo con la matrícula ya existente, los únicos que continúan asumiendo las consecuencias de los errores de la Administración Pública siguen siendo los mismos; los transportadores.
Y es que no puede desconocerse que el procedimiento de matrícula de este tipo de vehículos de carga, ha estado regulado desde hace más de doce años con la participación de tres actores fundamentales: el Ministerio de Transporte, las Secretarías de Tránsito y los propietarios de los vehículos. En alguno de estos estamentos, o en todos, se presentaron las fallas o irregularidades al momento de que se aprobó cada una de las matrículas de los vehículos de carga que ahora son señalados arbitrariamente como mal matriculados.
Sin embargo, con la política de saneamiento que pretende imponer el Gobierno Nacional, la responsabilidad administrativa, el costo de la solución y hasta las consecuencias penales quieren ser endilgadas a la que según ellos es la parte más débil de la cadena: los propietarios. Es otra política de tapen-tapen, o mejor, de “lavamanos” de las entidades públicas, como siempre en perjuicio de los ciudadanos.
Así pues la invitación es a demostrar por las vías legalmente establecidas que los transportadores no son la parte más débil ni delgada de la cuerda, sino que son un estamento capaz de reflexionar sobre sus propios derechos y defenderse de los atropellos a los que quieren someterlos, no sólo en el punto mencionado de las medidas de saneamiento que pretenden esconder la responsabilidad de los funcionarios públicos, sino en temas aún más álgidos como la expropiación del derecho de reposición para pasar a ser monopolizado por el Estado a través de los famosos CCM (Certificados de Cancelación de Matrícula), cuyo manejo y adjudicación dista mucho de tener unos parámetros transparentes y claros.